Por el área jurídica de ADECES
Si algo ha caracterizado el mundo de las redes sociales (RRSS) es que su creación se acompañó de una absoluta falta de responsabilidad de los propietarios por los contenidos que en ellas publicaban sus usuarios.
Una especie de salvaje oeste en el que cada uno puede decir lo que quiera, subir los contenidos que quiera, sin estar sometido a reglas de ningún tipo, contribuyendo, de este modo, a aumentar el tráfico, el poder y el beneficio de sus accionistas.
Reglas privadas vs leyes
Sin embargo, no es cierto que las grandes plataformas y especialmente las RRSS no tengan o no quieran imponer obligaciones a sus usuarios. Unos, por ejemplo, en las normas de su comunidad restringen el uso de imágenes femeninas (incluso pinturas si enseñan determinadas partes de su anatomía), otros optan por la ausencia de límites a las opiniones de los usuarios o a sus contenidos.
Todos, en general, establecen sus algoritmos por los que se da preminencia a unos contenidos sobre otros (con o sin intención).
En fin, quieren imponer sus reglas privadas. Pero, sus reglas no pueden contravenir las constituciones y las leyes de un país. No pueden permitir, promover, dotar de preminencia contenidos xenófobos, antidemocráticos, o discriminatorios por razón de sexo, religión, raza. Y menos si te lo piden los órganos judiciales de un país.
Los CEOS y los propietarios manejan las tripas de las aplicaciones (algoritmos, bots) para generar tráfico e incrementar su riqueza, tienen, por tanto, responsabilidad y sus reglas, están supeditadas a la Constitución y las leyes de cada país. Sí o sí.
Problemas en las RRSS
Las RRSS se han visto salpicadas a lo largo de los años por polémicas de distinta intensidad.
El intento de creación de Instagram para menores de 13 años, la presión de WhatsApp por la que se obligaba a sus usuarios residentes fuera de Europa a que acepten que la aplicación comparta sus datos con Facebook -propietaria de la aplicación de mensajería- si quieren seguir usando el servicio.
En 2015 las instituciones concedieron a ZUCKERBERG el beneficio de la duda en su “teoría de los errores” que el propietario aplicaba a los fallos en la protección de la privacidad.
Sin embargo, durante la campaña del Brexit, FACEBOOK no detectó que una aplicación de un colaborador suyo recopiló, a través de esta red, datos de 270.000 personas con su consentimiento y, que a través de estos perfiles accedió a datos de 50 millones de usuarios que después fueron cedidos, sin su consentimiento a CAMBRIDGE ANALYTICA, empresa de análisis de datos que realiza trabajos políticos, gubernamentales y militares.
Los problemas de ahora
Ahora surgen otras polémicas que tienen en su centro la colaboración con la justicia en la investigación de posibles delitos.
En este sentido, un magistrado de la Corte Suprema de Brasil ha decidido cerrar X. Francia, por su parte, arrestó a Pavel Durov, fundador y CEO de Telegram. En el primer caso se le pide que nombre a un representante legal en Brasil y que bloqueé seis perfiles. En el caso francés se le acusa de no cooperar con las autoridades en materia de tráfico de drogas, contenido sexual infantil y fraude. En el caso brasileño el magistrado señala que X divulga masivamente “discursos nazis, racistas, fascistas, de odio y antidemocráticos”, y que promueve la impunidad total y la tierra sin ley.
Europa ha caminado en la línea de intensificar la protección de los usuarios europeos, así como el control de las prácticas y contenidos de las RRSS, como mecanismo de garantía del sistema democrático y las libertades públicas.
Se estrecha el cerco
En conclusión, las plataformas, sus CEOS, sus accionistas, sus propietarios van a dejar de vivir en el mejor de los mundos (hago lo que quiero, mejoro mis ingresos y carezco de responsabilidad) para vivir en el mundo de los mortales, aquellos con derechos y obligaciones.