Ceuta, una encrucijada de caminos
Por Karmela, colaboradora de ADECES
Hoy se cumplen dos meses de la entrada masiva de migrantes de Marruecos a Ceuta. Desde ese momento todo se ha reducido a una guerra de cifras y de insultos creando una polarización que ha llegado a la calle dando lugar a múltiples incidentes: actos de vandalismo, agresiones a militares y supuestamente de militares, incendios…
Los residentes de Ceuta pedían una respuesta inmediata por parte de las autoridades civiles y de las fuerzas de seguridad ante el alarmante incremento de la delincuencia y la desprotección. También han trasladado la profunda preocupación de la comunidad ante indicios de actividades irregulares vinculadas con el arrendamiento de inmuebles.
En medio de esta locura también ha surgido la solidaridad de los vecinos dando refugio a cientos de mujeres y niñas migrantes que deambulaban por las calles de Ceuta para evitar posibles agresiones.
A primeros de septiembre la Fiscalía General del Estado registraba 23 agresiones sexuales a migrantes, nueve de ellas a menores de entre 14 y 17 años, cinco de esos casos eran violaciones. Quince días después los órganos judiciales de Ceuta abrieron 37 diligencias previas por delitos de agresión sexual cometidos contra 39 víctimas: un varón y 38 mujeres, de las cuales 14 eran menores de edad.
Esta es la realidad: miles de personas que defienden, unos, la normalidad de sus vidas y, otros, el deseo de una vida mejor.
Por supuesto, siempre habrá personas que utilicen esta situación para infundir odio e inseguridad.
No soy ingenua, no vivo en los mundos del Yupi, sé que existen Estados que usan a las personas migrantes como armas diplomáticas para lograr objetivos internacionales. Probablemente Marruecos haya convertido la migración en un arma de presión contra España con el objetivo de lograr concesiones, aunque eso signifique empujar a su propia población contra la Valla.
Es urgente afrontar esta crisis humanitaria con una adecuada asistencia alimentaria, sanitaria y condiciones de higiene dignas. Las administraciones deberían trabajar de forma conjunta y coordinada buscando el bien de la población, dejando de lado las actuaciones con fines electorales.
