EEUU contra la Corte Penal Internacional: una batalla por la justicia internacional
Por el área jurídica de ADECES
La Corte Penal Internacional nació para que los crímenes más graves no quedaran impunes. Hoy, Estados Unidos intenta debilitarla y presiona a sus Estados miembros para que abandonen el Estatuto de Roma. ¿Por qué?
El Estatuto de Roma, adoptado el 17 de julio de 1998 y en vigor desde el 1 de julio de 2002, es el tratado internacional que creó la Corte Penal Internacional (CPI). Su misión es juzgar a personas —no a Estados— responsables de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. Ha sido suscrito por 125 países.
La Corte es un tribunal de último recurso y actúa cuando un Estado no quiere o no puede investigar y juzgar seriamente los crímenes cometidos. Normalmente necesita además un vínculo territorial o personal con un Estado que haya aceptado el Estatuto. Pero existen excepciones: un Estado no miembro puede aceptar expresamente la jurisdicción de la Corte o el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede remitirle un caso, por ejemplo, como cuando el país implicado no ha suscrito el Estatuto de Roma. Por su parte, la jurisdicción territorial explica que puedan investigarse los presuntos crímenes cometidos en los territorios palestinos, puesto que Palestina es Estado parte desde 2015.
¿Por qué molesta tanto la CPI a Estados Unidos?
Estados Unidos se adhirió inicialmente al Estatuto de Roma, pero posteriormente retiró su firma y aprobó legislación destinada a proteger a sus ciudadanos frente a la jurisdicción de la Corte. El temor estadounidense es claro: que jueces y fiscales internacionales puedan investigar y eventualmente perseguir penalmente a militares, agentes o responsables políticos estadounidenses por actuaciones realizadas fuera de sus fronteras. La soberanía es la esencia de este rechazo como el de Rusia, China o India…
Pero la confrontación ha adquirido una dimensión mucho mayor en los últimos años. La CPI ha investigado situaciones que afectan directamente a intereses estadounidenses y, sobre todo, a su principal aliado en Oriente Próximo, Israel.
La emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y otros responsables israelíes por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza provocó una escalada de la reacción estadounidense. La CPI sostiene que la condición de jefe de Gobierno no proporciona inmunidad frente a la responsabilidad penal internacional.
Conviene, además, no confundir dos tribunales que tienen funciones muy diferentes. La CPI juzga a personas por responsabilidad penal individual. La Corte Internacional de Justicia (CIJ), en cambio, resuelve controversias entre Estados. Por eso, la acusación de genocidio contra el Estado de Israel planteada por Sudáfrica se desarrolla ante la CIJ, mientras que las órdenes de arresto de la CPI contra dirigentes israelíes se fundamentan en presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Una campaña para desmantelar la CPI
La Administración Trump ha convertido la oposición a la CPI en una política explícita. Marco Rubio, ha acusado al tribunal de estar politizado y de pretender ejercer jurisdicción sobre ciudadanos de países que no han aceptado el Estatuto de Roma.
La estrategia estadounidense tiene dos vertientes. La primera es asfixiar económicamente a la institución y a sus responsables mediante sanciones que bloquean activos y dificultan el acceso de los sancionados al sistema financiero estadounidense. Como las que Washington amplió en agosto de 2026 contra miembros de la Corte, incluyendo a su presidenta, Tomoko Akane, y a un fiscal de alto rango.
La segunda es ejercer presión diplomática sobre los 125 Estados miembros para que abandonen la Corte o reduzcan su cooperación con ella a través de instrumentos como la ayuda militar, la cooperación económica y otras relaciones bilaterales.
Algunos países ya han anunciado su salida: Chad, Venezuela, Mali, Níger y Burkina Faso, aunque algunos alegan razones como una aplicación selectiva de la justicia internacional contra el Sur Global, la presión estadounidense es un factor importante en esta ofensiva.
La ofensiva contra la CPI pone de manifiesto una de sus mayores debilidades. La Corte no dispone de una policía propia. Depende de que los Estados miembros colaboren y detengan a las personas reclamadas cuando se encuentren bajo su jurisdicción. En consecuencia, si disminuye la cooperación internacional, la capacidad real de la Corte para ejecutar sus decisiones también disminuye.
La respuesta a las pretensiones de EEUU
La respuesta de la CPI ha sido defender su independencia y recurrir incluso a los tribunales estadounidenses. Algunos de sus jueces han impugnado las sanciones de Washington argumentando que vulneran garantías jurídicas como el debido proceso y la libertad de expresión.
Por otra parte, la CPI no puede emitir contra sanciones económicas directas, depende de la protección de sus 125 Estados miembros. En este sentido cabe destacar que la Unión Europea y la ONU han condenado formalmente las sanciones estadounidenses calificándolas de «ataque flagrante contra la independencia judicial». Además, Bruselas y más de 130 organizaciones internacionales de derechos humanos están buscando mecanismos para blindar financieramente el presupuesto de la Corte y garantizar que las investigaciones continúen sin depender de recursos o plataformas tecnológicas que puedan ser saboteadas por el sistema financiero norteamericano.
La transcendencia de esta batalla
La batalla actual va, en consecuencia, mucho más allá de una disputa entre Washington y un tribunal internacional. Lo que está en juego es una cuestión esencial: ¿puede existir una justicia internacional eficaz cuando las grandes potencias consideran que su soberanía está por encima de ella?
El Estatuto de Roma nació precisamente para que determinados crímenes no queden impunes por la protección de un Estado. La ofensiva estadounidense plantea ahora lo contrario: que un tribunal internacional no puede ejercer legítimamente su autoridad sobre quienes pertenecen a Estados que no han aceptado someterse a él.
La disputa es uno de los grandes conflictos actuales entre soberanía nacional y justicia internacional. Y su desenlace determinará si la CPI consigue consolidarse como un instrumento efectivo contra la impunidad o si, por el contrario, las grandes potencias terminan imponiendo los límites de la justicia internacional.
