SEGÚN, ADECES NI LAS RAZONES ECONÓMICAS NI LAS IDEOLÓGICAS DEBEN RESTRINGIR LOS DERECHOS DE LA MUJER
ADECES solicita que se mantenga La Ley de Plazos y se preserve la seguridad jurídica que aporta. Todas las Comunidades deben disponer de centros públicos en los que se practique la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
La Píldora Anticonceptiva de Emergencia debe seguir facilitándose sin receta médica. La exigencia de receta sólo responde a criterios económicos o a introducir presión sobre la mujer.
ADECES (Asociación pro Derechos Civiles, Económicos y Sociales) quiere manifestar su preocupación por el intento de restringir los derechos de la mujer en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, que se anuncian a partir del mes de octubre y que responden a motivaciones ideológicas o económicas. Esta preocupación coincide, además, con el estudio que ha realizado la asociación sobre las infraestructuras públicas y privadas de las que disponen las Comunidades Autonómicas, cuya ausencia, en algunos casos, representan una dificultad añadida para la realización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), y el examen sobre el modo de adquirir la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), más conocida como “píldora del día después”.
Ley de Plazos
Al hilo de este análisis ADECES solicita que no se modifique la Ley de Plazos de 2010 para preservar la seguridad jurídica que aporta respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. A juicio de ADECES, la maternidad libremente decidida y el derecho de las mujeres a controlar su cuerpo no se deben restringir por razones económicas o ideológicas.
Según los datos de 2010 del Ministerio de Sanidad, la tasa nacional de interrupciones voluntarias de embarazo en el año 2009 fue del 11,41%. Un año después con la Ley de Plazos vigente desde el mes de julio dicha tasa se sitúo en 11,49%. En definitiva, siendo una Ley más garantista de los derechos de las mujeres y los profesionales por la seguridad jurídica que aporta en una materia tan sensible, es evidente que no ha generado un mayor número de interrupciones voluntarias de embarazos. Sin embargo, lo que ya es conocido, por estar basado en experiencias de tiempos pretéritos es que mayores restricciones dan lugar a más intervenciones clandestinas, a mayores riesgos para las gestantes y a penalizar decisiones de carácter individual.
Resulta contradictorio que mientras se están recortando los presupuestos para la Ley de Dependencia y hay una clara insuficiencia de ayudas económicas a las familias, se presione a las mujeres dificultándoles la libre decisión sobre su maternidad.
Infraestructuras por Comunidades para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)
A todo lo anterior hay que añadir la falta de infraestructuras públicas y privadas para realizar la IVE que presentan algunas Comunidades. Los estudios de ADECES demuestran la desigualdad entre Autonomías en esta materia y, en consecuencia la discriminación a la que se ven sometidas las mujeres de unas y otras Comunidades.
Por ello, ADECES, solicita que se extiendan las infraestructuras públicas para la realización de la IVE a aquellos territorios que carecen de ellas. La objeción de conciencia de los facultativos, siendo respetable tiene que poder sortearse para asegurar esta prestación a las mujeres.
Situación de las distintas Comunidades
Según el estudio de ADECES, la peor situación en infraestructuras para la realización de la IVE la presentan La Rioja, Ceuta y Melilla que carecen de centros públicos y privados, teniendo que derivar a las mujeres a clínicas privadas concertadas fuera de su comunidad.
Nueve Autonomías no disponen de centros públicos en los que se practique la IVE, estableciéndose para ello conciertos con clínicas privadas: Aragón, C-La Mancha, C y León, Extremadura, Murcia, Navarra. A estas seis hay que añadir las tres anteriores, La Rioja, Ceuta y Melilla.
Aunque disponen de una clínica privada para la realización de la interrupción voluntaria del embarazo dentro de su territorio, Extremadura y Navarra tienen conciertos con centros privados de Salamanca y San Sebastián respectivamente para la prestación de este servicio.
El resto de Comunidades disponen de infraestructuras públicas y privadas para la realización de la IVE. Cantabria, además, tiene conciertos con clínicas de Bilbao, Madrid y Oviedo para realizar esta prestación.
Centros que realizan IVE
Según las estimaciones de ADECES para el año 2012, el número de centros se incrementará en un 6,1% respecto a los datos del Ministerio de Sanidad (2010), pasando de 146 a 155.
Los centros públicos crecen un 36% hasta situarse en 67, mientras que las clínicas privadas retroceden un 9,2% quedándose en 88.
Dispensación de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE)
Las razones económicas o ideológicas, también están detrás de los estudios que solicita el Ministerio de Sanidad para volver a suministrar la PAE con receta médica, justificando dicho cambio en los presuntos efectos secundarios. Olvida el Ministerio que con este cambio legislativo introduce una presión psicológica sobre todas las mujeres, pero especialmente en las radicadas en núcleos urbanos pequeños o en núcleos rurales. La presión social, por cierto, fue [mal] esgrimida por el Ministro de Justicia para anunciar las restricciones sobre la IVE.
ADECES solicita que la píldora anticonceptiva de emergencia siga facilitándose sin receta médica, evitando las presiones innecesarias sobre las mujeres y, a ser posible, de forma gratuita o financiada, ya que su uso es para las administraciones públicas más económico que la práctica de una interrupción voluntaria del embarazo o de un embarazo no deseado.
Según la Sociedad Española de Contracepción el 78% de las veces que las mujeres utilizan la PAE es como consecuencia de algún problema con el método anticonceptivo usado, principalmente el preservativo.
Por otra parte, estudios científicos indican que los efectos secundarios más comunes de la PAE son las náuseas, vómitos y cefaleas. ADECES considera que estos síntomas son más soportables que los derivados de un embarazo no deseado o de la interrupción voluntaria del embarazo.
Desde septiembre de 2009 la PAE se puede adquirir sin receta médica en las farmacias españolas con un coste aproximado de 18€.
Según los estudios de ADECES en la actualidad son nueve las Autonomías en las que sus servicios sanitarios o de planificación dispensan la píldora de forma gratuita: Andalucía, Aragón, Illes Balears, Cantabria, Catalunya, Extremadura, Galicia, Navarra y Euskadi. Una comunidad menos que en 2009, año en el que según los datos del Ministerio había 10 territorios, contando con Asturias y Castilla León (que ahora no aparecen) y sin la presencia de Euskadi.
En la Comunidad de Madrid, hay algunos ayuntamientos (Madrid y San Fernando de Henares) en los que se dispensa gratuitamente la PAE.
Canales de información
Once Comunidades facilitan la información a través de su página Web Canarias, Cantabria, Galicia y Madrid diferencian en la misma los centros públicos y los privados.
El correo electrónico ha sido utilizado por ocho territorios.
Cinco Comunidades han optado por el teléfono.
Asturias, Illes Balears y Valencia han requerido el correo ordinario para enviarnos la información.
Transparencia
Los ciudadanos tenemos derecho a una información veraz y transparente. ADECES durante la investigación (abril a julio) ha registrado distintos comportamientos a la hora de facilitar la información.
Queremos agradecer al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya las facilidades que nos han brindado para obtener la información, facilitándonos los datos de las IVE del año 2011.
Distinta ha sido la actuación de la Generalitat Valenciana, que después de utilizar tres canales (teléfono, correo electrónico y ordinario) para recopilar la información, sólo nos han facilitado las clínicas privadas que realizan IVE, teniendo que remitirnos a los datos del Ministerio de Sanidad 2010 para los centros públicos.
