El Consejo de Ministros acaba de aprobar el proyecto de Ley de “Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada”, un eufemismo que esconde precisamente la pérdida de derechos de las mujeres en general y en particular de las embarazadas, en concreto acaban de perder su capacidad de decidir sobre el embarazo. El aborto ha dejado de ser un derecho cuyo ejercicio podían ejercer las embarazadas durante las 14 primeras semanas de embarazo, lo que lo dotaba de una seguridad jurídica incuestionable.
Pero, ¿qué os han hecho las mujeres para que las tratéis así?
Las dejáis de ayudar, sobre todo a ellas, para que cuiden de los dependientes; tratáis de sustituir el concepto de violencia de género, con su denuncia expresa de machismo, por el de violencia en el entorno doméstico; retiráis las subvenciones a los hogares de acogida a mujeres maltratadas; impedís los tratamientos de fertilidad desde la red pública para las mujeres solteras o lesbianas.
Y ahora esto: fin del derecho al aborto, fin a la seguridad jurídica de la ley de plazos, fin incluso de los tres supuestos de la ley de 1985, fin de la autonomía de las menores cuando saben que no contarán con el apoyo de sus padres que, por cierto, les pueden obligar a seguir con el embarazo aunque más tarde o más temprano no serán ellos, ni sus convicciones morales, los que se hagan cargo de las consecuencias.
Vuelta a la clandestinidad con el consiguiente riesgo para las mujeres o a los viajes a otros países para poder abortar.
Todo esto se sustenta en la equiparación ficticia de los derechos del nasciturus y de la mujer embarazada.
Está por ver, en la tramitación parlamentaria de este proyecto, cuál será la opción que adopten las diputadas y senadoras de todos los partidos, aunque es previsible a juzgar por las medidas puestas en marcha en esta legislatura.
Mucho nos tememos que los vehículos con cañones de agua que quiere adquirir Interior se utilizarán contra las protestas por esta ley.