Un simple anuncio como el realizado por MOVISTAR sobre el cambio en la forma de contratar servicios SMS PREMIUM para proteger los derechos del consumidor ha puesto en evidencia, según ADECES (Asociación Pro Derechos Civiles Económicos y Sociales) los excesos de la desregulación vivida en el mercado de las telecomunicaciones y la pasividad de las autoridades de consumo durante el proceso de liberalización del sector que comienza en 1996.
Para ADECES, el hecho de que una empresa que actúa en el mercado se haya decidido por una política de protección de los derechos de los consumidores pone de manifiesto que competencia entre empresas, derechos de los usuarios y regulación forma parte de un todo que debe funcionar de manera armónica.
Según la asociación, la ausencia de criterios de seguridad jurídica en los mecanismos de contratación de estos u otros servicios impulsa el desequilibrio en los mercados y son caldo de cultivo para una competencia insana, donde todo vale.
Durante años las autoridades de consumo han mirado para otro lado y no han querido jugar su papel de protección de los consumidores, frente a organismos (CMT) que han establecido reglas muy permisivas con las prácticas de las empresas de telecomunicaciones y que olvidaban, sin que nadie se lo recordara, las más elementales normas de protección indispensables para la existencia de una competencia leal y sana.
El cambio anunciado ahora por MOVISTAR, desde el propio mercado, viene a señalar que es necesario promover marcos seguros de competencia, en este y otros terrenos y supone, de forma implícita, una crítica al papel de las autoridades.
La modificación anunciada por MOVISTAR consiste en emplear un método que garantice la contratación del servicio premium por parte del cliente. Para ello la compañía exigirá el documento de solicitud de alta con la firma del solicitante y la fotocopia del DNI. Las reclamaciones de los usuarios por no haber solicitado los servicios, o no ser conscientes del haberlo hecho, son el motivo que impulsa el cambio del método de contratación.
El cambio anunciado por MOVISTAR coincide con la apertura por parte del Gobierno de 11 expedientes por fraude en los SMS premium.