CRISIS DE LA CONSTRUCCIÓN: OPORTUNIDAD PARA UNA NUEVA POLÍTICA DE VIVIENDA
ADECES (Asociación Pro Derechos Civiles Económicos y Sociales) no comparte las iniciativas que se están adoptando desde diversas instancias para sustentar el ritmo de construcción de viviendas porque olvidan que los problemas para reactivar la oferta tienen su origen en que los potenciales compradores están afectados por unos altos tipos de interés, la restricción de créditos hipotecarios y, sobre todo, la falta de confianza.
En este contexto, según ADECES, incrementar el precio del módulo de VPO o permitir convertir en VPO las viviendas de construcción libre que permanezcan un año sin ser vendidas, sólo agravará la crisis de la construcción o prolongará sus efectos.
Para ADECES es el momento de dejar que la crisis haga su trabajo y convertirla en una oportunidad para plantear una nueva política de vivienda sobre bases diferentes a las que se barajan, entre las que la asociación propone:
1.- Mejorar coyunturalmente el tratamiento fiscal de la adquisición de viviendas para reactivar la compra venta, permitiendo compensar el incremento de tipos de interés. ADECES ya solicitó esta medida en 2006 con los primeros síntomas de desaceleración del mercado. (Ver noticia relacionada).
2º.- Abaratar los costes de tramitación de hipoteca dependientes de las entidades financieras, como comisión de apertura, costes de tasación o comisiones de cancelación anticipada. ADECES entiende que el sector financiero está en el centro de esta crisis y deberá apoyar su solución con medidas que otorguen confianza a los compradores. (Ver noticia relacionada).
3º.- Contener la construcción de nuevas viviendas alrededor de las 350.000 anuales, 100.000 menos de las que estima la Comisión Europea. Con un stock de 600.000 viviendas un mayor ritmo de crecimiento provocará una pérdida de la riqueza patrimonial de los ciudadanos que agravaría aún más la crisis al estar muchas familias inmersas en un proceso de venta para comprar o pagar la nueva vivienda adquirida.
4.- Las VPO deben estar destinadas a satisfacer políticas públicas de carácter prioritario, como por ejemplo, la dotación transitoria de viviendas a mujeres maltratadas o a la emancipación de los jóvenes o ser destinadas a familias de escasos recursos. En todos estos casos sí se justifica el apoyo público al acceso a la vivienda. El pasado año las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado recibieron 86.000 denuncias de maltrato. Por otra parte, según el INE casi el 38% de los jóvenes entre 25 y 34 años sigue viviendo con sus padres, es decir, 1,8 millones; en 67.000 hogares monoparentales compuestos por mujeres divorciadas o separadas con hijos no hay ni una sola persona con empleo; un 20% de la población residente en España está por debajo del umbral de pobreza.
5.- Destinar la construcción de VPO al arrendamiento, favoreciendo la convergencia con Europa en el mercado de alquiler y abaratando los precios del mismo, mediante el crecimiento de la oferta. En España el alquiler de viviendas representa el 7,5% frente al 30% de la UE; en VPO es del 1% frente al 18% de la UE. ADECES no comparte las políticas públicas practicadas hasta el momento por la cuales la adquisición de viviendas con apoyo público (pagado por todos) es la piedra angular de la satisfacción del derecho a la vivienda que consagra la Constitución. (Ver noticia relacionada).
6.- El tiempo de crisis debe emplearse en una mayor y mejor cualificación profesional tal y como exigen las nuevas y futuras circunstancias que rodean al sector de la construcción. Con ello se promoverá en el futuro un sector más especializado y menos proclive a situaciones críticas como la actual.
7º.- La rehabilitación como fórmula para reactivar el sector de la construcción que pretende la ministra de vivienda debe estar condicionada a una mayor calidad térmica y acústica cuando se trate de fachadas que los actuales valores planteados por el Código Técnico de la Edificación (CTE). Es hora de hacer lo que tenía que estar hecho, converger con Europa en cuanto a calidad y por otra parte contribuir a reducir las emisiones de CO2 desde el sector residencial, que puede compensar con facilidad el crecimiento de las emisiones (3% en 2007) debido a la menor producción de energía hidráulica.
La medidas propuestas ante la crisis han evidenciado que el ministerio de vivienda aprobó un CTE insuficiente, guiado por los anuncios de encarecimiento del sector que se reveló erróneo, como se demuestra cuando en la actualidad los promotores hablan de la rentabilidad de hacer un VPO con los precios revisados (2400 euros de media por m2, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo) mientras que cuando se discutía el CTE hablaban de que éste supondría un 20% de incremento en el precio de la vivienda sobre los 4.100 euros de media por m2 del mercado libre en 2007. Es decir, con una diferencia del 70% entre el precio del mercado libre y la VPO es posible construir cumpliendo con el CTE y con rentabilidad: La administración no hizo sus deberes.
8º.- La intervención del regulador en el mercado a través de la promulgación de normas o documentos de referencia debe ser neutral, dejando que el mercado y los profesionales busquen las soluciones más eficientes y rentables para dar cumplimiento a las exigencias normativas. Este espíritu de neutralidad que ADECES reclama ha sido roto recientemente. (ADECES elaborará próximamente un informe al respecto).
