ADECES SOLICITA LA SUPRESIÓN DE LAS COMISIONES POR CANCELACIÓN ANTICIPADA DE LAS HIPOTECAS
La asociación considera que estas comisiones representan una carga injusta y carente de equilibrio porque, en última instancia, se penaliza el intento de que las familias alivien su carga financiera y se les cobra por contribuir a reducir el riesgo de las propias entidades.
El Banco Central Europeo insistió, una vez más, en su informe anual (15.12.04) en que los precios de la vivienda en la eurozona y el alto endeudamiento familiar incrementan la vulnerabilidad de los hogares en caso de un alza de los tipos de interés.
Y es precisamente un escenario de subida de tipos, que afectaría especialmente a los préstamos formalizados entre 2002 y 2004, el que describe el reciente informe de la Asociación Hipotecaria Española (AHE). Según el mismo, las cuotas mensuales podrían verse incrementadas en los próximos 6 años, entre 69 y 200€, es decir, entre 12.420 y 36.000 euros en 15 años.
En cualquier escenario, pero aún más en uno que prevé la subida de tipos, es necesario no añadir condiciones que penalicen el intento de las familias de aliviar su carga financiera. Pero, además, ante el supuesto cambio de ciclo inmobiliario del que hablan algunos expertos, resulta carente de la mínima equidad cobrar a los usuarios por contribuir a reducir el riesgo de las propias entidades.
La supresión de la comisión es posible
La comisión de cancelación anticipada es un porcentaje que se aplica sobre el capital pendiente de pago en el momento que el prestatario desea realizar una amortización parcial o total del mismo.
La práctica comercial de algunas entidades pone de manifiesto que es posible suprimir la comisión de cancelación anticipada y la comparación con supuestos regulados legalmente, como la subrogación, en los que se fija una comisión de cancelación anticipada máxima del 0,5%, para préstamos variables, evidencian que es perfectamente posible reducirla.
Si las entidades no suprimen o reducen la comisión de cancelación anticipada es porque su aplicación dificulta la amortización del préstamo en una coyuntura inmobiliaria como la actual, en la que la ejecución del bien alcanzaría fácilmente un mayor valor que el que representa el crédito dejado de pagar fruto de las constantes revalorizaciones que han tenido.
Cifras
Los datos objetivos sobre la vulnerabilidad de los hogares son lo suficientemente preocupantes para promover medidas de este estilo.
Según el INE, en 2004 el importe medio de un préstamo hipotecario se situaba en los 121.000 euros, lo que representa un incremento interanual del 16,1%. En diciembre del mismo año, dicho importe había ascendido hasta los 124.719 euros, un 13,4% más que en el mismo mes del año anterior.
Por su parte, la Asociación Hipotecaria, indicaba en su resumen anual que el número de operaciones sobre vivienda en 2004 se incrementó un 14,2% sobre el ejercicio anterior hasta superar el millón, mientras que el importe formalizado y el importe dispuesto crecía en porcentajes del 22,7 y del 19,3% respectivamente.
Además, en el tercer trimestre de 2004, el grado de endeudamiento de las familias españolas equivalía, según el Banco de España, al 73% del PIB, alcanzando la cifra de 574 mil millones de euros, un 18,5% más que en el mismo período del año anterior. De ellos, más de 480 mil millones corresponden a préstamos a largo plazo.
Para pagar su vivienda, una familia deberá dedicar los ingresos íntegros obtenidos durante 7,1 años, cifra considerablemente superior a los 4,6 años estimados en 1996, tal y como se recoge en el último informe de coyuntura económica de Caixa de Catalunya.
