ADECES RECLAMA AL GOBIERNO COHERENCIA EN LA ESTRATEGIA ENERGÉTICA Y REFORZAMIENTO DE TODAS LAS MEDIDAS PASIVAS, EN ESPECIAL DEL CTE
Evalúa el Plan de Urgencia de Ahorro Energético: imprecisión, reiteración y protagonismo del sector eléctrico en la financiación, que apuesta por el gasto en equipos relegando actuaciones más eficaces
ADECES (Asociación Pro Derechos Civiles Económicos y Sociales) reclama al Gobierno que mantenga la coherencia en la estrategia energética, para lo que solicita que se impulsen y refuercen las medidas pasivas de eficiencia en todos los ámbitos y sectores en una planificación de más alcance. En contraste con esta solicitud, ADECES denuncia que las veinte medidas que contiene el Plan de Urgencia de Ahorro Energético se caracterizan por la imprecisión, la reiteración y el protagonismo que asumen las Empresas de Servicios Energéticos (ESE) en la financiación de los proyectos, lo que conlleva una apuesta por el gasto en equipos y tecnologías (con el subsiguiente gasto en mantenimiento) y por relegar a segundo plano las medidas pasivas, más eficaces, duraderas y baratas que otras.
ADECES reclama al Gobierno coherencia en el ámbito de las medidas energéticas que adopta, ya sea el Ministerio de Industria o cualquier departamento, siguiendo una estrategia de mayor alcance.
En este sentido ADECES comparte aquellas medidas del Plan de Urgencia calificables de “mejora pasiva” por su escaso o nulo coste y su alto rendimiento. En esta categoría se encuentran actuaciones como el “uso de pasillos aéreos y rutas verdes de aproximación” que sin coste económico alguno permiten ahorrar 53 Ktep (el 1% del consumo de combustible de aviación).
También cabría incluir la reducción de los límites de velocidad a los que el propio Gobierno ha dado carácter de coyuntural al ligar su vigencia a la evolución del precio del petróleo, que el documento sitúa en los 113$ y que a juicio de ADECES es un escenario optimista, como el que en su día se dibujó con la aprobación del Código Técnico de la Edificación.
Por el contrario, resultan claramente discutibles, por la relación coste rendimiento, las actuaciones de eficiencia soportadas en el cambio de equipos e instalaciones (en el Plan se incluyen dos medidas referidas al cambio de calderas) porque obligan a afrontar costes de mantenimiento periódicos y finalmente a la renovación de los propios equipos. En la presentación del Plan se puede ver cómo la actuación en el Complejo Cuzco (Sede de los Ministerios de Economía e Industria), encargada a una ESE mediante mejoras de los sistemas de climatización, tan sólo lograrán una reducción del 10% del consumo energético, con un importe total de 40 millones de euros durante 18 años.
Mientras tanto, ADECES, en una perspectiva de largo plazo, ha vuelto a solicitar al Gobierno una actuación decidida en el ámbito de la mejora pasiva de las condiciones térmicas de los edificios, incrementando sustancialmente sus exigencias hasta permitir ahorros de consumo energético próximos al 45%, lo que salvaguardaría la ventaja climática de España respecto a los países de nuestro entorno.
En el grupo de medidas discutibles por su relación coste beneficio, está el Plan Renove de Neumáticos (que polémicas al margen) con un coste de 4,8 millones de euros tan sólo ahorra 1,8 Ktep, y la “financiación para ejecución de planes de movilidad urbana sostenibles” que con una inversión total de 375 millones de euros sólo ahorra 8 Ktep más que la actuación sobre pasillos aéreos y se destina a ciudades que ya tienen en marcha este tipo de actuaciones.
Por otra parte, como señala la presentación del Plan, de las 20 medidas que incorpora, seis reiteran las anunciadas hace cuatro años en la Presentación del Plan de Acción 2008-2012: alumbrado público, planes de movilidad urbana, transporte de mercancías por ferrocarril, etc.
Por último, cuatro de las medidas que componen el Plan son enunciados generales e imprecisos. A esta categoría corresponden los relativos al fomento del coche compartido, fomento de ciudades de sello Movele, plan de eficiencia del sector ferroviario o la racionalización del consumo en la administración pública (algunas de ellas también anunciadas en el año 2007).
