05-02-2009 CGPJ, partidos, jueces y asociaciones son responsables de la situación de la justicia

La asociación reclama servicios mínimos equiparables a los que se fijan para cualquier servicio esencial

ADECES en contra de la huelga de jueces que califica de fracaso profesional y político

ADECES (Asociación pro Derechos Civiles, Económicos y Sociales) considera la convocatoria de huelga de los jueces un fracaso profesional y político que tiene su causa en el deterioro de la justicia del que son responsables la partidos, los jueces y sus asociaciones y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como órgano de gobierno. En consecuencia, la asociación se manifiesta contraria a la huelga de jueces y reclama, en su caso, la fijación de servicios mínimos equiparables a los que se establecen para cualquier servicio esencial.

Según la asociación la tabla reivindicativa que formulan los jueces y que ha sido acogida por sus asociaciones profesionales es razonable en la mayor parte. Sin embargo, ADECES entiende que en la trastienda de muchas de estas reivindicaciones están el Ministerio de Justicia y las Comunidades con competencias, pero también la propia gestión del CGPJ a lo largo de los años, la tolerancia de los propios jueces con la situación y la contemplación de sus asociaciones.

Esta es la conclusión a la que llega ADECES al examinar las reivindicaciones que formulan los jueces y contrastarla con las memorias y otros documentos públicos del CGPJ. Así, en la memoria del año 2000 referida al ejercicio anterior, el CGPJ recoge la necesidad de creación de 2420 nuevas plazas judiciales hasta el año 2010. Según este cálculo, anualmente deberían crearse una media de 242 plazas. A pesar de las previsiones, durante el período 2000-2004 el número de nuevas plazas creadas se sitúo en 88 al año, siendo la media de 154 en el período 2005-2008.

Sin embargo en 2004 el propio CGPJ revisa sus estimaciones y habla de la necesidad de crear 429 nuevas plazas de jueces (en esta ocasión no facilita un período de tiempo para su creación, debido, según las crónicas de la época, al interés de no comprometer al Gobierno de entonces con una política de creación de juzgados para la que no había presupuesto). Aún así, si se acepta como válido el período del primer plan estratégico hasta 2010, la media de creación anual de plazas se rebaja hasta las 86.

Es pues, el propio CGPJ el que en 4 años reduce la primera estimación de 242 nuevas plazas por año a 86. Es decir, 156 plazas menos, o lo que es lo mismo -181%.

Para ADECES estas previsiones y cambios estratégicos que los profesionales han dado por buenos no se corresponde con el crecimiento de la población ni con el aumento de la litigiosidad que los juzgados han venido experimentando y están en el origen de algunas reivindicaciones ahora inaplazables.

En enero del año 1999 había en España 3701 plazas de juez constituidas; en 2007 eran 4541, cuando según las previsiones del año 2000 debía haber 5.637. Como consecuencia en 2007 hay un ratio de 10,5 jueces por cada 100.000 habitantes cuando el ratio debería ser de 13. Lejos, es verdad, de las tasas del año 2000 de Alemania (29), Austria (22), pero próxima a la tasa de Italia (13), Países Bajos (12) o Francia (11).

Con las cifras reales resultó que en el año 2001 el número de asuntos pendientes de resolver se elevó a 2.074.000, en tanto que en 2007 fue de 2.401.000, es decir, casi un 16% más. Así mismo el número de asuntos ingresados en 2001 fue de 7.109.000, en tanto que en 2007 creció en un 17% hasta los 8.343.000. Si se hubiesen respetado los planes del CGPJ iniciales, que este mismo órgano revisó, las cifras de asuntos pendientes en 2007 estarían por debajo de los 2 millones.

Este cambio estratégico afecta, a dos de los ocho puntos reivindicados:

1. Revisar la actual planta judicial para obtener un reparto más equitativo del trabajo, que ADECES comparte, pero que requiere que el órgano de Gobierno de los jueces defina con claridad las previsiones de creación de nuevas plazas sin atender a otras consideraciones extrajudiciales.
2. Dotación adecuada de jueces titulares para arbitrar un sistema adecuado de sustituciones.

Por otra parte, hay que recordar, según ADECES, que ya es el CGPJ, tal y como piden los jueces, el que en base a su potestad reglamentaria establece sistemas de racionalización, organización y medición del trabajo con los que determinar la carga de trabajo que puede soportar un órgano jurisdiccional.

Comparte ADECES con los jueces la petición de que el personal al servicio de la Administración de Justicia tenga una formación adecuada. Necesidad de formación que el Servicio de Inspección del CGPJ o los propios titulares de los órganos jurisdiccionales han tenido que apreciar a lo largo de los años y por lo que se refiere a la formación de interinos está contemplada en el Plan de Modernización de la Justicia aprobado por el CGPJ en noviembre de 2008.

También comparte la asociación la necesidad de adoptar medidas para la conciliación de la vida familiar y laboral, sin embargo, ADECES, ve de difícil articulación la supresión del traslado forzoso y mucho menos con carácter inmediato.

En cuanto a la instauración de la Oficina Judicial es preciso recordar que desde 2006 se han desarrollado experiencias pilotos en las que participan la representación de los funcionarios implicados, irrumpiendo ahora la reivindicación judicial de mantener la facultad de señalar juicios y vistas. Es presumible que en estos planes pilotos también estén participando las comunidades con competencia.

Finalmente, respecto a la incorporación de las nuevas tecnologías a los Juzgados, es preciso recordar que una de las actuaciones del Plan de Modernización de la Justicia es "garantizar la efectividad del Test de compatibilidad entre programas y aplicaciones informáticas estatales y autonómicas" aprobado el 12 de abril de 2007 por el propio CGPJ.

ADECES, aún compartiendo algunas de las reivindicaciones judiciales, entiende que el deterioro de la justicia se ha ido tejiendo a lo largo de los años, en algunos casos con decisiones del órgano de Gobierno de los Jueces difíciles de entender, por lo que rechaza la adopción de una medida tan extrema como la huelga por parte de un poder del Estado. Tampoco comparte ADECES que las reivindicaciones formuladas tengan todas un carácter de tal inmediatez que obligue a sufragar su alto coste en el corto plazo, muchos menos en las circunstancias económicas actuales.

Finalmente, ADECES, solicita que en caso de celebración de la jornada de huelga anunciada, se establezcan servicios mínimos equiparables a los establecidos para cualquier servicio esencial.