05-07-2007 AI, AUC y ADECES cuestionan la multa de la Comisión a Telefónica por crear inseguridad jurídica

Observan con preocupación la desconfianza que esta actuación generará en los mercados

Ningún mercado puede funcionar con desconfianza de las empresas o de los usuarios y eso es lo que va a ocurrir a raíz de la multa que la Comisión Europea (CE) ha impuesto a Telefónica con motivo del procedimiento que abrió contra este operador por abuso de posición dominante sobre la evolución del mercado de la banda ancha (BA) en España. Esta es al menos, la posición de la Asociación de Internautas (AI), la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) y la Asociación pro Derechos Civiles, Económicos y Sociales (ADECES).

Con esta decisión la CE está enviando un mensaje a todos los reguladores nacionales destinado a desautorizar sus decisiones por la vía de hecho y, en paralelo a los operadores que no sabrán a que instancia hacer caso, generando inseguridad jurídica y provocando más intervenciones administrativas, lo que en última instancia afectará a la competencia.

Las tres asociaciones consideran que sólo el inicio del procedimiento, tres años después de la denuncia planteada por Wanadoo, representa una intervención absolutamente extemporánea que por eso mismo es contraria a las reglas más elementales del Derecho.

Por otra parte, la sanción impuesta no toma en consideración ni los criterios de precios impuestos por el regulador nacional (CMT) a Telefónica, ni la supervisión de sus cuentas por parte de este organismo, con lo que finalmente lo que la Comisión en realidad está planteando es una desautorización al órgano regulador nacional, pero en la cara de un empresa privada.

AI, AUC y ADECES comparten con la CE e incluso con la CMT que la brecha digital se incrementa con respecto a la UE y que los precios de la BA en España son más caros que los de la media de Europa, algo que vienen denunciando desde hace años, pero discrepan con que sea el estrechamiento de márgenes lo que provoca la brecha o el encarecimiento de nuestra BA, sino más bien lo contrario, una política de apuesta por la reventa (tal y como muestra las comparativas internacionales) que hasta muy poco tiempo proporcionaba márgenes de más del 40%. Márgenes que han sido aprovechados para mejorar los resultados de los revendedores en vez de ser trasladados, al menos una buena parte de ellos, a los usuarios finales.

Las tres asociaciones han venido reclamando al regulador nacional una política de precios diferente que no regule el precio minorista del operador dominante, sino que éste funcione a través de la fijación de una autorización de precios máximos, para impulsar la competencia y las inversiones y no la reventa y por tanto el crecimiento de la BA sobre bases más sólidas.

AI, AUC y ADECES, lamentan que la CE actuando al margen de las más elementales reglas de derecho y de seguridad jurídica este planteando una batalla por atribuirse las competencias de los reguladores nacionales, tratando de arreglar lo que ella misma generó al permitir una liberalización con velocidades distintas según las características de los mercados nacionales.

No deja por último de resultar un contrasentido que España haya sido calificada por la CE entre los países cumplidores de las reglas comunitarias.