25-02-2009 Solicitan un cambio en la legislación para proteger los derechos económicos de los menores ante el vacio legal

ADECES reclama que se obligue a los padres que hacen uso de la imagen e intimidad de hijos menores a destinarles el 50% de lo que ingresan

ADECES (Asociación pro Derechos Civiles, Económicos y Sociales) se ha dirigido a diversas instituciones al objeto de que impulsen una reforma legal tendente a proteger los derechos económicos de los hijos menores, cuyos padres hacen uso de su imagen e intimidad, obligándoles a destinarles el 50% de lo que ingresan. La asociación ha adoptado esta iniciativa ante los casos en los que los padres usan a los menores en medios de difusión masivos o de comunicación públicos como sujetos de comercio.

Legislación actual

La legislación actual sólo se refiere a la protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de los menores siempre que suponga una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación o sea contraria a sus intereses.

En estos casos de intromisión ilegítima, el Ministerio fiscal solicitará las indemnizaciones que corresponde, aunque haya habido consentimiento del menor o de sus representantes legales.

Derechos económicos de los menores

Sin embargo, ADECES quiere extender ahora la protección a los menores a la esfera de sus derechos económicos, ante el uso de su imagen e intimidad por parte de sus representantes legales.

Para estos casos, en los que los menores se han convertido en parte de un negocio con el beneplácito de sus progenitores o alguno de ellos, ADECES reclama, en los casos que se perciban contraprestaciones económicas, que el 50% de las mismas tengan que ser destinados por ley a los propios menores objeto de tratamiento en los medios de difusión masivos o medios comunicación públicos.

Dicha cantidad deberá ser ingresada a favor del menor hasta que este cumpla la mayoría de edad.

Destinatarios de la iniciativa

La Asociación ha trasladado esta petición a los miembros de la Comisión de Justicia del Congreso y el Senado, al Ministerio Fiscal y al Defensor del Menor.