Ganó la sociedad, ganaron los profesionales, pero se avecinan curvas en la sanidad madrileña

Dos consejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid imputados y un tercero dimitido, es un coste que hace pensar en una contumaz voluntad política de privatizar el sistema madrileño de salud y un coste demasiado alto para pensar que se trata tan sólo de una mera opción de gestión y que el proyecto privatizador no se va a reintentar.

Comenzó la privatización por la externalización de determinados servicios, siguió por el intento de privatización de hospitales y centros de salud. La conclusión es un capítulo que todavía está por escribir, a tenor de las palabras del nuevo consejero de salud que manifiesta la vocación de continuar con el proyecto privatizador, después del pronunciamiento judicial que suspende cautelarmente el intento de Lasquetty.

Es paradójico que aquellos que predican que la gestión privada es más eficiente que la pública no han tenido empacho en hacer una gestión nefasta de los recursos públicos, ocurrió con la sanidad y ocurrió con las autopistas radiales, mientras dan lecciones de eficiencia, responsabilidad y transparencia.

Más allá de estos hechos, lo verdaderamente preocupante es la senda adoptada por los poderes públicos de la Comunidad de Madrid.
El nuevo intento privatizador se inició con la construcción de varios hospitales, electoralmente rentable, pero económicamente insostenible para los escasos recursos públicos disponibles bajo el actual modelo impositivo de la Comunidad.

Precisamente por ello, hemos asistido sin disimulo, a la transferencia de fondos públicos desde la red pública a la privada, mediante la contratación y externalización de servicios. Dicho de otra manera, para que las entidades privadas se hiciesen cargo de parte de los hospitales, centros, etc. era absolutamente imprescindible que un porcentaje de pacientes, pruebas y servicios se derivasen a los centros privados para que fuesen rentables y, si no lo fuesen, se incrementaba el coste de algunas prestaciones.

Así pues, la suspensión cautelar, es un paréntesis para reconstruir lo público y tomar buena nota.

Para reconstruir, es necesario, en primer lugar, aprovechar el potencial recaudatorio de la Comunidad para poder mantener la red sanitaria, la renuncia a determinados impuestos es un lujo que socialmente no nos podemos permitir.

En segundo término, debemos entender que la dotación humana y técnica de los nuevos hospitales no puede ser una réplica de los existentes, sino que deben complementar la actual red de acuerdo con las necesidades sanitarias de la Comunidad, para evitar duplicidades ineficientes de servicios.

De igual modo, y en tercer lugar, cabe decir, que los servicios públicos deben ser aprovechados al máximo, incrementando la rentabilidad de los mismos. Externalizar sin más, descapitaliza la red pública, a la que sigue la consabida frase “es que el sector privado es más eficiente”.
En este sentido, también sería necesario, para evitar el deterioro de lo público, que los pacientes soliciten, en la medida de lo posible, que las pruebas les sean practicadas en la sanidad de todos.

Ahora bien, no todos los esfuerzos deben recaer en la parte pública, también es necesario que los poderes públicos establezcan protocolos de calidad para los entes privados colaboradores en los que se penalice por ejemplo:
• La duplicación de pruebas
• La elaboración de informes que no responden a protocolos y terminologías establecidos desde los centros públicos que encargan las pruebas
• El incremento del coste de los servicios prestados, durante el período concedido
• El incumplimiento de plazos objetivos
• Etc.
Porque no cabe duda de que si a la red pública se le exigen evaluaciones de calidad y rentabilidad, la red privada, con más razón no debe estar exonerada de ellas.

Autor: admin
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